Fuerzas militares de Guinea-Bissau 🇬🇼

Posición estratégica

Guinea-Bisáu ocupa una posición costera en África Occidental, limitando con Senegal al norte y con Guinea al sur y al este. Sus principales preocupaciones en materia de seguridad se centran en la estabilidad política interna y la gestión del crimen organizado transnacional, específicamente el narcotráfico. El archipiélago de las Bijagós y la fragmentada línea costera del país se utilizan como puntos de tránsito para los estupefacientes sudamericanos destinados a los mercados europeos.

Tras la toma del poder por los militares el 26 de noviembre de 2025, el país está gobernado por el Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público. A principios de 2026, Guinea-Bisáu se encuentra suspendida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Africana (UA) a la espera del restablecimiento del orden constitucional. Antes de esta suspensión, los militares colaboraban con socios regionales a través de la Misión de Apoyo a la Estabilización de la CEDEAO en Guinea-Bisáu (ESSMGB), que mantenía presencia en la capital para asegurar las instituciones del Estado y apoyar la reforma del sector de la seguridad.

La doctrina de defensa está orientada principalmente hacia la seguridad interna, el control de fronteras y la protección del régimen. Las fuerzas armadas mantienen una estrecha relación de seguridad con Senegal, influenciada por el prolongado conflicto de Casamanza a lo largo de su frontera compartida.

Fuerzas militares

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) se componen de un Ejército de Tierra, una Armada y una Fuerza Aérea, complementados por elementos paramilitares. El personal activo total es de aproximadamente 4.500 efectivos, con 1.500 adicionales en la reserva. Las fuerzas paramilitares, que incluyen la Guardia Nacional y unidades policiales, cuentan con aproximadamente 1.000 efectivos.

El Ejército es la rama dominante y mantiene presencia en la capital, Bisáu, y en las zonas militares regionales. Su inventario consiste en gran medida en equipos heredados de la era soviética. El parque de blindados incluye tanques ligeros T-34 y PT-76, aunque su estado operativo es limitado. El transporte blindado se realiza mediante transportes de personal sobre ruedas BTR-40, BTR-60 y BTR-152, junto con vehículos de exploración anfibios BRDM-2. Las capacidades de artillería se limitan a sistemas remolcados, como el cañón D-44 de 85 mm y varios tipos de morteros. La defensa aérea se mantiene mediante cañones antiaéreos remolcados ZU-23-2 y de la serie ZPU.

La Armada opera como una fuerza de vigilancia costera con una dotación de aproximadamente 500 efectivos. Su tarea principal es la protección de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y las operaciones contra el tráfico ilícito. La flota consta de un pequeño número de patrulleras y embarcaciones semirrígidas (RHIB) donadas por socios internacionales.

La Fuerza Aérea mantiene una dotación nominal de aproximadamente 500 efectivos. Carece de aviones de combate y opera principalmente un número limitado de aeronaves ligeras de transporte y utilidad, incluidos modelos Cessna y helicópteros Mi-8 antiguos. La disponibilidad operativa se ve frecuentemente restringida por la falta de repuestos y de personal de mantenimiento especializado.

Tendencias estratégicas

La tendencia principal en 2026 es la implementación de un marco de transición de 12 meses establecido por la Carta Política de Transición en diciembre de 2025. Esta carta creó un Consejo Nacional de Transición de 65 escaños para ejercer el poder legislativo y un Gobierno de Transición dirigido por un primer ministro, aunque el Alto Mando Militar sigue siendo la autoridad política suprema. Los militares justifican su continua intervención citando la necesidad de desmantelar las redes criminales y prevenir un conflicto civil derivado de los resultados electorales impugnados.

El gasto en defensa representa aproximadamente el 1,5 % del PIB, lo que supone un total estimado de 25 millones de dólares. La adquisición de armamento no es una prioridad debido a las limitaciones fiscales y a las sanciones internacionales; los militares dependen casi exclusivamente de donaciones y asistencia bilateral de socios como Portugal, China y Francia para obtener equipo básico y formación.

Los objetivos estratégicos a largo plazo incluyen la reforma del sector de la seguridad (RSS), destinada a profesionalizar el cuerpo de oficiales y reducir la interferencia militar en el gobierno civil. Sin embargo, estos programas enfrentan importantes limitaciones debido al ciclo recurrente de golpes de Estado y al alto grado de politización dentro de la estructura de mando. Las prioridades operativas para 2026 se centran en mantener el toque de queda y el cierre de fronteras ordenados por la autoridad de transición.